Por: Analinn Rivera Delgado
Coordinadora del Observatorio Parlamentario del
Consejo Consultivo Ciudadano del Estado de Hidalgo
Si hay un espacio de la vida pública donde se expresa mayor desigualdad entre hombres y mujeres es la política. No son las cualidades individuales (aptitudes, personalidad y habilidades personales), las que han relegado históricamente la participación de las mujeres en el espacio público, sino una cultura política androcéntrica que por un lado legitima y realza los valores masculinos y por otro restringe el derecho de las mujeres para acceder y participar en los espacios políticos. Con las democracias modernas se institucionalizó la fronteras entre lo público y lo privado, y con ello, la diferencia de roles entre hombres y mujeres en el proceso de toma de decisiones. Mientras que para los primeros fue destinado el espacio público, y con ello el ejercicio efectivo del poder político, las mujeres han permanecido consagradas al espacio doméstico participando en los asuntos públicos desde la periferia democrática (Bordieu,1998).
Si bien el derecho al voto reconocido
en las primeras décadas del siglo XX, habilitó a las mujeres a participar en la
política, (en Hidalgo el padrón electoral está integrado por un millón 69 mil
579 mujeres), las leyes, prácticas, actitudes y estereotipos de género
discriminatorios ha impedido que un mayor número de mujeres logren desarrollar
una carrera política ascendente que les permita ocupar, de la misma manera que
los hombres, los cargos ejecutivos, de dirección y de representación
política.
El caso del estado de Hidalgo es
paradigmático. En casi 63 años de voto femenino, el trato diferenciado que
reciben al llegar al mundo público, muestra cómo en nuestra entidad sigue
siendo “muy poco femenino” que una mujer gobierne un municipio, encabece una
Secretaría o defienda una posición en un debate en el Congreso.
¿Cual es la legitimidad de una
democracia en la que la mayoría de sus instituciones representativas excluyen
de facto a las mujeres?
Las acciones afirmativas reconocidas
en la legislación electoral en México desde 1993 y el pleno reconocimiento de
las cuotas de género en el año 2002 tienen el mérito de haber contribuido a
afianzar una mayor representación de las mujeres principalmente en el Poder
Legislativo Federal, a pesar de que muchos actores políticos parecieron hacer
de este principio un límite a la participación femenina, al asumir que se
trataba únicamente como “la cuota a cubrir”.
Mientras tanto, en el ámbito
municipal en 20 años se pasó apenas de un
4.5 a un 6.8 por ciento de presidentas municipales en México. Martha
Tagle señalaba con ironía habría que esperar por lo menos 200 años para alcanzar
la mitad de representación de mujeres en los ayuntamientos. Sin embargo no
podemos negar que la baja representación política de las mujeres debilita la
democracia y compromete el pacto social que da vigencia al Estado.
II.- PARIDAD: EL PRINCIPIO DEL CAMINO
El corazón de la agenda política para
ampliar los espacios de representación de las mujeres se resume hoy en una
propuesta: "paridad". Con este término "se nombra la
participación cuantitativamente homogénea de mujeres y hombres en todos los
ámbitos relevantes de la toma de decisiones".
La representación paritaria, más que
un concepto cuantitativo, es como lo señala el Manifiesto de la Declaración de
Atenas –signado en noviembre de 1992–, "un concepto de sociedad integrada
a partes iguales por mujeres y por hombres, en la cual las tasas de
participación similares o equivalentes de mujeres y hombres en el conjunto del
proceso democrático, es un principio de democracia".
La reforma electoral aprobada por el
Congreso Local en septiembre de 2015 hizo de este principio una obligación para
los partidos políticos quienes tuvieron que cumplir con la paridad de género en
el proceso electoral del pasado 5 de junio, para elegir presidentes o
presidentas municipales, regidoras y regidores, así como diputadas y diputados,
gobernador o gobernadora.
Se trata de una reforma institucional
del mayor calado para ampliar la presencia de las mujeres en el espacio
público, y que contó con amplio respaldo tanto de la clase política como de la
sociedad civil, encabezada por el "Grupo Impulsor de la Paridad" que
más tarde se construiría en el Observatorio de Participación Política de las
Mujeres de Hidalgo.
Sin embargo, el camino no fue
sencillo. Muchas de las candidatas tuvieron que enfrentar severos
cuestionamientos por su designación de parte de militantes de sus propios
partidos políticos, al considerarlas como una imposición sólo “por cumplir una
cuota”, hubo quienes tuvieron que declinar a su candidatura después de la
presión e intimidación de los grupos locales. Otras tantas que no fueron respaldadas
por la estructuras de sus partidos, o bien fueron acosadas viralmente en redes
sociales.
En una entidad donde muchos de sus
ciudadanos no votarían por una mujer, no es de extrañarse que la crítica
política no versaban sobre las propuestas de gobierno sino en que tan incómoda
caminaba la candidata con su “faja”, si era o no una “vieja roba maridos”.
Si bien en los resultados electorales
no se alcanzó una plena representación paritaria, puesto que de las 84
alcaldías sólo 17 son encabezadas hoy por mujeres, y uno de ellos será la
capital hidalguense; mientras que apenas 12 mujeres integran LXIII Legislatura
del Congreso del Estado, su implementación supone una transformación radical
tanto de órganos de gobierno, partidos políticos y de la sociedad en su
conjunto para establecer condiciones que aseguren la participación equilibrada
y paritaria de mujeres y hombres.
Es importante subrayar que la
representación paritaria no sólo implica el incremento de mujeres en cargos de
elección popular, sino que va más allá al pugnar por la eliminación de la
exclusión política por motivos de género.
Representación paritaria va más allá
de tener más diputadas, más alcaldesas o más gobernadoras sino de avanzar en el
reconocimiento de los derechos político-electorales de las mujeres y en abrir
paso a nuevas dinámicas de vida política partidista y acción gubernamental que
contribuyan al fortalecimiento democrático.
Es en resumen, el reparto equilibrado
de derechos, responsabilidades y estructuras de poder entre mujeres y hombres,
sin privilegios.
Efectivamente, en la concreción de
tarea es necesario llevar adelante una serie de medidas, que van desde una
agenda de políticas públicas, reformas legislativas y asignaciones
presupuestarias, para abonar en en liderazgo y preparación de las mujeres, así
como en campañas que sensibilicen quienes rechazan su participación en un
espacio que “naturalmente” ha pertenecido a los hombres y pretenden perpetuar
las normas de organización social y de
dominación patriarcal.
Ser mujer es un obstáculo en un mundo
dominado por valores masculinos, lo cual hace que para las mujeres sea difícil
abrirse espacios en la arena política, por lo tanto, se deben impulsar los
cambios necesarios para que su aprobación sea acompañada de una serie de acciones
tendientes a modificar las normas, usos y costumbres de hacer política, porque
no se trata únicamente de cubrir una cuota de más mujeres en cargos políticos a
favor de las mujeres, no se trata de otorgar privilegios o dádivas a un grupo
desfavorecido sino de reconocer y respetar, de manera efectiva y en un sentido
amplio, la igualdad entre mujeres y hombres.
La representación paritaria deber una
vía para dar solución a los problemas cotidianos de la ciudadanía, para que los
ciudadanos la vean como lo que es, un instrumento clave para construir una
sociedad más justa.
Referencias bibliográficas
Bordieu, Pierre. (1998). La dominación masculina. Barcelona:
Anagrama.
FOSSAS ESPADALER, E.(1993) El derecho de acceso a los cargos públicos.
Madrid:Tecnos
No hay comentarios:
Publicar un comentario